Texto informativo – Fuente: iProfesional

En el primer piso de la Casa Rosada no disimulan la bronca con los supermercados y los productores de alimentos. Acusan a los empresarios directamente de cometer “abusos” con los precios.

Y de intentar quedarse con una tajada de lo que el Estado puso en los bolsillos de “los que menos tienen”: los jubilados que recibieron el bono mensual de $5.000 en diciembre y enero y quienes ya están utilizando la tarjeta “AlimentAr”.

Según los cálculos oficiales, un total de 4.712.000 jubilados y pensionados percibieron en promedio $4.836 en diciembre y un monto similar este mes. Esto hace un total de $45.574 millones que se volcaron básicamente al consumo.

De la tarjeta alimentaria, Desarrollo Social ya distribuyó 70.000 plásticos, pero la idea es acercarse al millón y medio de unidades. Se cargan con un monto que va de $4.000 a $6.000 cada una.

El resquemor que muestran en el gabinete económico refiere a la posibilidad que parte de ese ingreso termine alimentando los balances de las empresas: fabricantes y cadenas de supermercados, que aprovecharía esa mayor demanda de alimentos para remarcar los precios.

A unas pocas cuadras de la Casa Rosada, en Reconquista 266 -sede del Banco Central-, perciben un fenómeno parecido. La cuestión fue abordada incluso por los flamantes directores del organismo.

No obstante la irritación que provocan estos movimientos en las góndolas, el Gobierno maneja un dato relativamente optimista: prevé que la inflación de enero terminará “por debajo a las expectativas”.

Funcionarios con llegada directa a Alberto Fernández dan cuenta que el IPC del primer mes del año cerrará “por debajo del 3 por ciento”.

Se trata de un número inferior al que manejan las principales consultoras de la City. Incluso de aquellas que miden precios online en los supermercados. Y los funcionarios creen que el número relativamente bajo se explica por el efecto de la “desindexación” que se está procurando al congelar los combustibles, las tarifas de los servicios públicos y otros valores de referencia, así como por la calma en el plano cambiario.

En lo que sí coinciden funcionarios y economistas es en el impacto de la reinstalación del IVA en los productos de la canasta básica.

En su momento, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, había negociado que el aumento promedio por ese regreso sería del 7% en promedio.

Pero la realidad superó esa expectativa. Básicamente porque aquel acuerdo se limitó a unos pocos productos de la canasta, y lo que se notó en las góndolas fue que hubo alimentos que se encarecieron bastante por encima: yerba, arroz, fideos y algunos lácteos subieron hasta 40 por ciento.

Algo similar sucedió con las segundas y terceras marcas que formaron parte de Precios Cuidados hasta fin de año y que, una vez afuera del programa, sufrieron ajustes de hasta 50 por ciento y de un saque.