Texto informativo – Fuente: La Nación

Según el Gobierno, la meta es bajar la vulnerabilidad; el mapa del microcrédito y el problema de las tasas.

En los próximos días, el Gobierno lanzará una “estrategia nacional de inclusión financiera”, un conjunto de medidas tendientes a promover “el acceso y el uso de servicios del mundo de las finanzas de una manera sostenible”, y “a reducir la vulnerabilidad” en la que están muchas personas y pymes. Esos dos objetivos fueron enunciados, al hablar del plan, por Gabriel Bizama, director nacional de Inclusión Financiera. El funcionario, cuya área depende del Ministerio de Hacienda, puntualizó que varias entidades participaron de un consejo para elaborar la estrategia, que involucra también al Banco Central. “En la Argentina hay 360.000 empleadores que son personas humanas y, de ellos, 90% son microempresas”, señaló Alejo Macaya, gerente de Innovación Financiera de esa entidad, en referencia a un universo social que concentra grandes dificultades para el acceso a préstamos, sobre todo en un contexto de elevada inflación, altas tasas y actividad en caída.

Los funcionarios hablaron en las XIII Jornadas Anuales de Microfinanzas, organizadas por la Red Argentina de Instituciones de Microcrédito (Radim), una institución que en su último mapeo (en marzo) relevó 48 entidades dadoras de estos pequeños créditos (en su gran mayoría, ONG), con una cartera de 97.179 prestatarios activos y un total prestado de casi $3000 millones (un promedio, por operación, de unos $30.900).

Según los funcionarios, las metas del plan estratégico van más allá de la coyuntura. Macaya enumeró algunas medidas tomadas para flexibilizar la llegada de las entidades financieras a determinados sectores de la población. Se refirió, por caso, a la disminución del efectivo mínimo requerido (el porcentaje de los depósitos que debe inmovilizarse) cuando se le presta a mipymes; a la exclusión de esas empresas de las normas de requisitos de patrimonio, y a la posibilidad de prestar a microemprendedores informales o personas de bajos recursos por hasta una cierta cantidad de veces el salario mínimo.

Esa posibilidad fue destacada por Javier González Fraga, presidente del Banco Nación, quien dijo que la entidad tenía 24 microcréditos otorgados en 2016 y que hoy suma 40.585 operaciones. De los prestatarios, 30% no están inscriptos en la AFIP. Según el economista, debe entenderse que “la formalización tiene que ser consecuencia de la bancarización y no al revés”.