Texto informativo – Fuente: iProfesional

Si el Gobierno intenta cambiar el índice o modificar las condiciones de la ya vigente reforma tributaria, a partir del proyecto del que hemos tomado conocimiento, no se podrá desconocer los costos directos e indirectos que emergen de tal decisión.

La principal es la credibilidad del estado sobre un tema serio y la seguridad jurídica que se intentó dar sobre la materia tributaria a partir de la reforma.

Los costos de no cumplir las normas o cambiarlas de acuerdo a la conveniencia de una de las partes sobre un hecho de por sí injusto (tributar por rentas mentirosas) no sólo implican un costo económico presente, si no que se aplicaría la misma receta que nos llevó hasta donde estamos abonando un círculo vicioso sin fin.

Sobre el índice utilizado, la Corte Suprema de Justicia no se ha expedido, pero la cantidad de juicios que se pueden esperar es preocupante dado que se estaría atentando no sólo contra la confiscatoriedad, sino también sobre la legalidad.

No se pueden esperar resultados distintos si seguimos haciendo lo mismo. El proyecto de ley que modifica el índice y la aplicación de un mecanismo básico para la determinación de la verdadera capacidad contributiva, desconociendo al verdadero hecho imponible es vergonzoso y un insulto a la inteligencia.